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Abogacía del Estado

De Violencia de Genero

La Abogacía del Estado es el servicio jurídico del Gobierno de España, encargado de representar y defender al Estado y a sus organismos en procedimientos judiciales y administrativos. Su dependencia del Ejecutivo la convierte en instrumento directo de la política jurídica del gobierno de turno.

Formalmente la Abogacía General del Estado (AGE) de España es el órgano administrativo de la Administración General del Estado, integrado en el Ministerio de Justicia, responsable de dirigir los servicios que prestan asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas.

Por ejemplo en los últimos años ha sido muy activo en el gobierno del PSOE en:

  • Reclamar propiedades a la familia Franco
  • Perseguir independentistas en relación con el 'Proces' a veces contra el criterio de los propios cargos del gobierno

Papel en el viogen

En general AGE no se manifiesta públicamente sobre la situación del viogen (falso o real), se limita a seguir las causas judiciales que pueden interesar a los miembros del gobierno en curso:

La Abogacía del Estado ha asumido la defensa de Irene Montero en el procedimiento civil que la ministra de Igualdad enfrenta por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, a quien acusó -sin mencionarle directamente- de ser un maltratador, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Un pleito que Montero no tendrá que pagar de su bolsillo, al asumir la Abogacía del Estado su defensa.[1]

Disconformidad del Cuerpo con la intromisión del Gobierno

La excesiva intromisión del gobierno del PSOE en AGE ha dado lugar a varios titulares entre 2018 y 2022:

La posición adoptada finalmente por la Abogacía General del Estado en la acusación del 1-O ha generado un malestar dentro del Cuerpo por la imagen de "sometimiento" al Poder Ejecutivo que ha llegado hasta la opinión pública.
Al día siguiente de que se hiciera público, fuentes de la Abogacía lamentan el contenido del escrito de acusación, devaluado respecto a lo que estaba inicialmente previsto. "Es una vergüenza la intromisión descarada del Gobierno. Una cosa es que pueda ser legal, porque representemos a la Administración, pero otra que sea aceptable con esa intensidad", afirman.[2]

Bitácora

12/10/2026. El Supremo desestima su recurso de reposición y mantiene la cautelar sobre la ley de nietos

Lupe Sánchez (@Proserpinasb) señala que el contenido del auto del día anticipa la decisión sobre el fondo:

La entidad del Auto dictado hoy desestimando el recurso de reposición de la Abogacía del Estado y manteniendo la cautelar anticipa cuál será la decisión sobre el fondo: la nulidad de pleno derecho de la instrucción de Sofía Puente y, con ella, la de las correspondientes nacionalidades [...] [3]

08/10/2026. Alega que el adelanto electoral hace «imposible» aplicar el fallo del Supremo sobre la ley de nietos y que los nacionalizados deben votar

Con elecciones convocadas para el 29 de noviembre, la Abogacía del Estado pide de nuevo al Supremo que levante las cautelares que dejarían a más de 160.000 supuestos descendientes sin voto. Argumenta que el censo del 29N es el cerrado a 1 de agosto y que revisar los expedientes es «materialmente imposible»:

En la ponderación de intereses, ante el riesgo del sacrificio inmediato de un derecho fundamental, lo que debe primar es el ejercicio del derecho a participar. [4]

VOX, autor del recurso, sostiene que el tenor literal de la cautelar no admite interpretación y que debe aplicarse a las próximas elecciones. [5]

23/09/2026. Defiende ante el Supremo que suspender el CERA de la Ley de Nietos vulnera un derecho fundamental, mientras minimiza el crecimiento del censo al 0,06% de los votos

En su recurso contra la paralización de las altas censales, sostiene que la revisión de los 168.896 expedientes es inviable antes del 1 de enero de 2027 por «difíciles circunstancias estructurales» y hasta por cortes de luz o desastres naturales en los consulados.

La Abogacía contrapone el 0,06% del impacto real que tendría este voto en unas elecciones con el perjuicio que se causaría si no se permite votar a miles de personas nacionalizadas correctamente [6]

El mismo escrito reprocha a la Sala Tercera del Supremo haber entrado a valorar la instrucción de Sofía Puente sin que esta hubiera sido recurrida ante la jurisdicción contenciosa.

09/08/2026. La abogada del Estado que defiende a Sánchez cobró 45.000 euros de dos empresas públicas

Segun TheObjective Zaida Isabel Fernández Toro, abogada del Estado que se querelló contra el juez Peinado (instructor de la causa contra la mujer del presidente), cobró 45.000 euros en concepto de sobresueldo de dos empresas públicas. [7]

03/07/2026. Se opone a que el Supremo eleve al TJUE la regularización de migrantes, defendiendo la posición del gobierno

La Abogacía del Estado presentó escrito oponiéndose a que el Tribunal Supremo elevara al TJUE la cuestión de la regularización masiva de migrantes, argumentando que se trata de un ejercicio soberano de las competencias nacionales. LaSexta recogió la posición:

La Abogacía del Estado se opone a que el Supremo lleve la regularización de migrantes al TJUE: es un ejercicio soberano de las competencias nacionales. [8]

05/10/2023. La AGE intenta que Irene Montero no tenga que pagar a Rafael Marcos usando al Constitucional, sale mal

La AGE utiliza artimañas legales (demasiado originales para el caso que nos ocupa) para intentar que Irene Montero no tenga que pagar por la sentencia del caso "Infancia Libre". Esto le sale mal y le sale a pagar 18.000 + 5.400 por los intereses de demora.

«La parte demandada solicita que no se despache ejecución/se suspenda la misma sobre la base de un principio de prudencia. Siendo cierto que la prudencia debe presidir cualquier resolución judicial, no lo es menos que no resulta suficiente para acordar la suspensión de la ejecución forzosa», indica el Tribunal Supremo en un auto dictado este miércoles en el que da 20 días a Irene Montero para cumplir íntegramente la sentencia por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos. El Alto Tribunal añade que «la suspensión no la acuerda el tribunal que ejecuta la sentencia firme sino el Tribunal Constitucional» y subraya que «la petición no está amparada en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que rige el principio general de no suspensión del art. 565 LEC». Además, según el Supremo, en el escrito presentado por la Abogacía del Estado «no consta la solicitud formal de suspensión» ante el TC «ni, por tanto, tampoco la suspensión acordada por el tribunal que ha de conocer el recurso de amparo». [9]

09/06/2023. Irene Montero condenada

Irene Montero, condenada a pagar 18.000 euros por presentar como maltratador a la expareja de María Sevilla. El Supremo también condena a la ministra de Igualdad a publicar la sentencia en su cuenta de Twitter [10]

13/07/2022. La AGE defenderá a Irene Montero en el caso de Rafael Marcos

El Estado asume la defensa de Irene Montero en el pleito con el exmarido de María Sevilla. La Abogacía del Estado se hace cargo del procedimiento por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos por parte de la ministra de Igualdad. [11]

Referencias