Postura de Abogacía del Estado
La Abogacía General del Estado (AGE) de España es el órgano administrativo de la Administración General del Estado, integrado en el Ministerio de Justicia, responsable de dirigir los servicios que prestan asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas.
En general AGE no se manifiesta públicamente sobre la situación del viogen (falso o real), se limita a seguir las causas judiciales que pueden interesar a los miembros del gobierno en curso:
La Abogacía del Estado ha asumido la defensa de Irene Montero en el procedimiento civil que la ministra de Igualdad enfrenta por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, a quien acusó -sin mencionarle directamente- de ser un maltratador, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Un pleito que Montero no tendrá que pagar de su bolsillo, al asumir la Abogacía del Estado su defensa.[1]
Por ejemplo ha sido muy activo en el gobierno del PSOE en:
- Reclamar propiedades a la familia Franco
- Perseguir independentistas
La excesiva intromisión del gobierno del PSOE en AGE ha dado lugar a varios titulares entre 2018 y 2022:
La posición adoptada finalmente por la Abogacía General del Estado en la acusación del 1-O ha generado un malestar dentro del Cuerpo por la imagen de "sometimiento" al Poder Ejecutivo que ha llegado hasta la opinión pública. Al día siguiente de que se hiciera público, fuentes de la Abogacía lamentan el contenido del escrito de acusación, devaluado respecto a lo que estaba inicialmente previsto. "Es una vergüenza la intromisión descarada del Gobierno. Una cosa es que pueda ser legal, porque representemos a la Administración, pero otra que sea aceptable con esa intensidad", afirman.[2]
