Postura de Abogacía del Estado
De Violencia de Genero
La Abogacía General del Estado de España es el órgano administrativo de la Administración General del Estado, integrado en el Ministerio de Justicia, responsable de dirigir los servicios que prestan asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas.
La Abogacía del Estado ha asumido la defensa de Irene Montero en el procedimiento civil que la ministra de Igualdad enfrenta por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, a quien acusó -sin mencionarle directamente- de ser un maltratador, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. Un pleito que Montero no tendrá que pagar de su bolsillo, al asumir la Abogacía del Estado su defensa.[1]
