Solo hay justicia si el viogen llega a Europa

Las denuncias falsas relacionadas con delitos de violencia de género están tipificadas en España como delitos contra la Administración de Justicia. El Código Penal prevé penas de prisión o multa para quienes imputan falsamente un delito sabiendo que es falso o con temerario desprecio por la verdad.

En la práctica judicial, la mayoría de condenas han consistido en sanciones económicas reducidas; por ejemplo, en 2025 una mujer fue condenada a seis meses de prisión (suspendida) y a una multa de 1.800 euros por denunciar falsamente de violación al futbolista Theo Hernández.

Sorprende el contraste entre estas sanciones y las resoluciones de tribunales europeos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en algunos casos han condenado a Estados por deficiencias en investigaciones judiciales y han impuesto indemnizaciones económicas de mayor cuantía.

Bitácora

10/03/2026. Indemnizarán con 200.000 euros a un hombre denunciado por violencia de género y absuelto que pasó más de una década separado de su hija en Murcia

"Las autoridades españolas no han realizado los esfuerzos adecuados y suficientes para garantizar el respeto al derecho del demandante a vivir con su hija junto a sus hermanos, ignorando de esta manera su derecho al respeto de la vida privada y familiar consagrado en el artículo 8 del convenio". Es lo que considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ocurrió en el caso de un hombre, denunciado por violencia de género y absuelto, que pasó más de una década separado de su hija. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia estima que el afectado ha de ser indemnizado con 200.000 euros.
En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ estimó parcialmente el recurso interpuesto por este padre y sus otros dos hijos "contra la desestimación por silencio administrativo de una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada frente a la Administración autonómica por la actuación del sistema de protección de menores", informan fuentes judiciales.
El padre y sus descendientes demandaron a la entonces denominada Consejería de la Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y Transparencia de la Región de Murcia. 

23/10/2025. El Tribunal de Estrasburgo condena a España por no hacer una investigación “eficaz” en dos denuncias por violación por sumisión química

En enero de 2017 se abrió un proceso penal formal. Durante la investigación, se descubrió que uno de los dos era cuñado de un agente de policía asignado a la unidad UFAM, responsable de la investigación del caso. Pruebas cruciales desaparecieron o se vieron comprometidas mientras se encontraban bajo custodia policial, como por ejemplo un informe forense derivado de los datos de un teléfono móvil perteneciente a uno de los hombres, elaborado por la Policía Nacional en Madrid, y que desapareció en Pamplona. También desaparecieron o fueron manipulados fragmentos de las imágenes de videovigilancia del bar donde se conocieron los cuatro y se descubrió que el disco duro utilizado para almacenar los datos forenses de los teléfonos móviles de ambos sospechosos había sido borrado y sobrescrito, con la pérdida de todo su contenido.